El 60% de los funcionarios de salud ha sido víctima de agresión en la red pública

 

Las agresiones contra el personal de salud se han vuelvo recurrentes. La semana pasada, una funcionaria del Cesfam Boca Sur, de la Región del Biobío, recibió patadas, golpes de puños e incluso el impacto de una silla, tras intentar defender a un adulto mayor que estaba siendo atacado.

En ese contexto, una encuesta de la Subsecretaría de la Prevención del Delito del Ministerio del Interior, realizada en agosto a más de 9 mil funcionarios de salud públicos, arrojó que el 60% de los consultados dijo haber sido víctima de una agresión física o verbal en los últimos 12 meses.

Se trata, principalmente, de ataques verbales -como insultos, amenazas, hostigamientos y burlas- que concentran el 86% de los casos. Mientras que el 13,7% son agresiones sexuales y físicas con objetos contundentes y armas.

Más del 60% de estos hechos proviene de pacientes y sus familiares, mientras que los tiempos de espera y la dotación de personal, sumados a las características del paciente -problemas mentales, de drogas o alcohol- aparecen como los principales causales de la agresión.

En tanto, entre las víctimas de estas agresiones, los paramédicos lideran los casos, seguidos por el personal médico, odontólogos y químico farmacéutico.

Ana María Vidal, dirigente de la Asociación de funcionarios de Salud Municipal de Talcahuano, relata la inseguridad en la que conviven, luego de que una enfermera fuera amenazada por un individuo que, tras ingresar al Cesfam Paulina Avendaño por una ventana, intentó robar sus pertenencias. “Días antes otra funcionaria fue asaltada saliendo del recinto y luego hubo un asalto dentro de un box. La inseguridad que tenemos nos mantiene en alerta porque ha ido en aumento”, dijo.

Esta inseguridad también se reflejó en la encuesta: en 86% de los consultados consideró insuficientes las medidas de seguridad en los consultorios.

Proyecto de ley
Para abordar esta situación, el gobierno impulsó una mesa de trabajo entre la Asociación de Municipalidades, la Confusam, el Colegio Médico, el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención de Delito, donde se están trabajando varias medidas. Entre ellas, un proyecto de ley, presentado ayer, que según la subsecretaria de Prevención, Katherine Martorell, tipificará como delito el maltrato a funcionarios de salud y elevará las penas en un grado. Esto impedirá “que se califiquen como lesiones leves las cometidas contra trabajadores y funcionarios de establecimientos de salud”, plantea el texto.

Además, se establece que “las lesiones menos graves inferidas a ciertas personas que gozan de una especial posición o autoridad serán castigadas con presidio o relegación menores en sus grados mínimos a medios, excluyendo la posibilidad de una pena alternativa de multa”. Asimismo, calificará como agravante el maltrato e impondrá la obligación de los jefes de establecimientos de salud de denunciar.

Martorell añadió que “el agravante de responsabilidad penal va a depender del delito que origina la agresión , que pueden ser lesiones graves, menos graves o leves”.

La iniciativa creará un registro de agresores, ya que hay casos en los que el personal de salud se ve revictimizado al tener que atender a un agresor. “Se propone con el registro que estas personas sean derivadas a otro servicio, pero, en el caso de existir una urgencia, se les deberá prestar la atención”, precisó Martorell.

Los gremios de salud valoraron la iniciativa, como una medida de protección. La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, agradeció al gobierno “que haya acogido esta gran inquietud que teníamos. Creemos que era necesario que se concretara porque en el país ha escalado, la violencia”.

Según un catastro de la Confusam, en 2018 hubo 157 agresiones físicas y más de 500 verbales contra los funcionarios de salud.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, destacó que se trata de “un avance y esperamos que tenga un trámite rápido”, añadiendo que seguirá trabajando para “visibilizar el por qué ocurre la violencia, y son las falencias del sistema. Más que criminalizar a los pacientes, queremos generar alianzas, y el llamado es a no agredir”.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, explicó que entre las medidas que se adoptarán destaca “el apoyo a las víctimas de delito y agresiones en ejercicio de actividad profesional y acompañamiento”. Una de ellas, mediante el convenio que se firmó con Prevención del Delito, para dar asistencia sicológica, social y jurídica, dentro del Programa de Protección a Víctimas. Además, indicó que en aquellos centros más vulnerables se han incorporado cámaras de seguridad y botones de pánico.

Esta semana, Santelices dio cuenta de ello en redes sociales, mostrando la instalación de esta tecnología en el Cecof de Puerto Chacabuco, en Aysén. “Con esto, y ante cualquier situación, los trabajadores pueden ser alertados y aplicar los protocolos de seguridad”, dijo.

Asimismo, se ha impulsado la instalación de 29 mesas locales de seguridad. El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, explicó que el objetivo es “constatar, de primera fuente, cuáles son las situaciones, particularidades y nodos críticos de cada comuna o región en materia de seguridad y así alimentar y proveer de insumos a la mesa de seguridad nacional”, las que están en conformación. También se priorizaron otros 26 centros de salud para dotarlos de equipos de seguridad que serán instalados a contar de marzo.

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